miércoles, enero 18

BLAS HERRERO


Desconocido para el gran público pero no en los despachos del poder. Dueño legal de la sociedad Radio Blanca, posee en Andalucía una docena de licencias de emisión de radio otorgadas hace años, cuando el lechero asturiano fue señalado por algunos como testaferro en los tiempos de Filesa y cuando el PSOE (o allegados) hacían caja a la luz del día. El propio Alfonso Guerra fue quién dio instrucciones al ejecutivo de R. de la Borbolla ( Gaspar Zarrías ya era controlador de la política autonómica de medios) para que le otorgasen a Blas Herrero toda una cadena que cubriese enterito el territorio andaluz . Y así fue, salvo en Granada, cuya emisora en Lanjarón se le ha concedido el pasado año.

Herrero, tras los escándalos que azotaron al PSOE, se quedó aparentemente con la brocha en la mano. Pero tenía en su poder sesenta licencias de una cadena en las capitales más pobladas del país. Herrero se asoció a la ONCE, necesitada entonces de frecuencias para fundar Onda Cero con la cadena adquirida a don Ramón Rato por Miguel Durán. Sus relaciones con la ONCE siempre fueron tormentosas y virulentas, hasta el punto de acabar en los tribunales de arbitraje la disolución de su contrato, reformado ventajosamente para Herrero en los tiempos recientes de Telefónica Media. De momento los tribunales han hecho multimillonario a Blas con su cadena Radio Blanca/ Kiss.

KISS FM, SIN TRABAJADORES EN ANDALUCÍA

Sin embargo, el dinero no evita los problemas ni da la felicidad completa. El producto que emite Herrero en sus emisoras andaluzas para nada tiene que ver con el contemplado en el correspondiente decreto de concesión de esas frecuencias. Tampoco crea puestos de trabajo directos. Una fórmula musical, emitida desde Madrid vía satélite, llega a diario a los andaluces sin que la cadena posea estudios abiertos o personal contratado en territorio andaluz. Una situación que se prorroga, con aparente y sorprendente permisividad oficial, desde el pasado mes de marzo, momento en el que Herrero se llevó sus emisoras de los centros de Onda Cero, del Grupo Antena 3TV, solventándose entonces los contratos laborales existentes con dicha cadena. El asunto ha llamado la atención en sectores profesionales como el Sindicato de Periodistas de Andalucía que estudia el asunto y levanta ciertos recelos de connivencia y amiguismo en ámbitos políticos donde se preparan preguntas al gobierno en el Parlamento. Las Asociaciones de la Prensa de Andalucía, según el presidente de la de Sevilla, han decidido hace dos semanas reunidas en Almería intervenir ante la Junta, a la vista de que Radio Blanca no ha creado puestos de trabajo en Andalucía, con 12 frecuencias adjudicadas y en vigor. Un asunto preocupante ante los altos niveles de desempleo de jóvenes licenciados de CCII en Sevilla y Málaga y ante el hecho cierto de que los nuevos proyectos radiofónicos, encorsetados por la escasez de licencias, sí están creando puestos de trabajo en Andalucía aunque incumplan la Ley.

LA RADIO, UN BIEN ESCASO

Las licencias de emisión en la banda de FM las adjudica la Junta, en tanto que el Ministerio se encarga del correcto funcionamiento técnico del sistema con el servicio de inspección. Un bien escaso, las licencias de radio, por las que se llegan a negociar autenticas millonadas, licencias que la administración ha distribuido históricamente con cuenta gotas y clientelismo. De ahí las zonas negras de cobertura para algunas cadenas privadas tras dos décadas de consolidación empresarial radiofónica. Sin embargo, la irrupción de nuevas radio fórmulas en el mercado como Europa FM, Rock & Gol, Melodía y Marca o la convencional Punto Radio, productos apadrinados por grandes grupos de comunicación, está provocando una gran distorsión en el ya de por sí pirateado dial de FM, una auténtica selva inaudible. “Si fulano incumple la Ley, yo también”, parece ser el lema imperante. A comienzos de 2006 se han roto definitivamente las costuras técnicas o jurídicas y el sector presenta síntomas de alarmante preocupación ante el deterioro del espectro radioeléctrico. Es también el gran problema de la directora general de Medios, Matilde Santiago, profesional del sector, enfrentada a diario a expedientes administrativos y medidas disciplinarias contra las más graves infracciones de la legalidad. Un proceso que se atranca precisamente en los tribunales de Justicia. Unos jueces garantistas, como ha dicho Méndez Lugo, ralentizan durante años los asuntos. Se ha dado el caso de un juez en Sevilla que imputó a la concejal Evangelina Naranjo (hoy consejera ) por precintar las instalaciones piratas y sin ningún tipo de licencia de una radio-tarot. Emisora, por cierto, que sigue interfiriendo a otras legales cuatro años después en un populoso barrio sevillano”.

Lunes 2 de enero de 2006